Declarar la guerra a quienes mueven el aparato productivo, sólo demuestra las intenciones de proyectos políticos como los de Chávez y Petro: el control absoluto del país mediante el caos, la ruina y el hambre Clic para tuitear

Ni el más pesimista de los analistas habría podido imaginar un escenario tan trágico como el que se avecinaba para la economía y la democracia de Venezuela, tras las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998. Una decisión que cambiaría para siempre el destino de ese país que, durante décadas, fue la envidia de todo el continente por sus índices de desarrollo y calidad de vida para sus habitantes.

El indultado Hugo Chávez se presentaba a las votaciones con el antecedente de haber incendiado el país durante el golpe de estado que ejecutó contra el gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez. Presentándose como un líder carismático, convenció a los ciudadanos quienes sufragaron para castigar a los partidos tradicionales y entregarle el poder a esa figura que les prometía cambiarles la vida, algo que efectivamente cumplió.

La magia duró poco: las promesas de un pacto social equitativo basado en la democracia, el fortalecimiento de la economía, el acceso a oportunidades y la distribución de la riqueza de la nación entre todos sus habitantes, fueron reemplazas por la frase “Patria, socialismo, o muerte” que Chávez utilizaba en todos sus discursos y que más que un lema, sonaba como una amenaza.

No pasó mucho tiempo para que empezara a intervenir la industria petrolera nacionalizando los campos de producción operados por multinacionales, obligando a salir del país al personal técnico extranjero responsable del funcionamiento de los yacimientos y poniendo en la presidencia de Petróleos de Venezuela a amigos suyos como Rafael Ramírez, responsable de actos de corrupción que le costaron a la empresa estatal millones de dólares.

De lo que fue una tierra de oportunidades sólo quedó miseria. El socialismo del siglo XXI llevó a la Venezuela del petróleo, el béisbol y las Miss Universo; a convertirse en la del desabastecimiento, la hiperinflación y el hambre. La historia nos ha enseñado que es precisamente el hambre, el precio que pagan aquellos quienes confían su destino a caudillos con ideologías colectivistas que terminan implantando regímenes totalitarios, que apagan las libertades hasta anular al individuo y convertirlo en un ente condenado sólo a esperar las migajas del Estado.

El chavismo entregó el país a la delincuencia y convirtió a sus fuerzas militares en la Primera Línea del terror y la extorsión al servicio del narcotráfico. Desarmó a la población civil al prohibir la expedición de permisos para el porte, dejando a la gente de bien sin la posibilidad de defenderse.  A punta de inflación e inseguridad, el régimen ha desplazado a más de 5 millones de venezolanos, acabando familias, metas, objetivos y proyectos de vida. Venezuela se convirtió en un país inviable.

Hoy en día, quienes vivieron en la “Arabia Saudita de Suramérica”, caminan junto a sus hijos en un viacrucis interminable por las calles de todo el planeta, con el recuerdo en sus mentes de aquella nación próspera, con enorme nostalgia en su corazón y con las manos vacías, por culpa de esa camarilla de delincuentes que completan 21 años enquistados en el poder y que se encargó de robarles hasta la esperanza.

El candidato que lidera las encuestas en nuestro país no sólo tiene en común con Chávez el haber sido indultado por su accionar delictivo, también comparte con el extinto dictador ese desprecio absoluto por las libertades y cualquier fuente de riqueza. Un claro ejemplo de ello es que Chávez sacó corriendo a Lorenzo Mendoza —la cabeza de Empresas Polar, el principal fabricante de productos de consumo masivo de Venezuela—; y Petro ha señalado en varias oportunidades su intención de hacer lo mismo con los representantes de los grupos económicos de Colombia mediante la expropiación o la imposición de impuestos aún más asfixiantes, que acabarán con innumerables puestos de trabajo. Los que aplaudían los ataques del chavismo contra los industriales, banqueros y empresarios venezolanos, como un supuesto acto de reivindicación social, se encuentran vendiendo chicles en los semáforos de las principales ciudades de Colombia, Perú y Chile.

Declarar la guerra a quienes mueven el aparato productivo del país, sólo demuestra las verdaderas intenciones de proyectos políticos como los de Hugo Chávez y Gustavo Petro: el control absoluto del país mediante el caos, la ruina y el hambre. En las próximas elecciones presidenciales, Colombia enfrentará una decisión crucial, no será entre derecha o izquierda ni entre el que diga Uribe o Petro: el país se juega su futuro y tendrá que elegir entre democracia, reactivación económica, promoción de la inversión y seguridad; o el fin de la industria petrolera y sus regalías, persecución a los empresarios generadores de empleo, reemplazo de nuestra fuerza pública por milicias criminales y los caprichos económicos de un aspirante a dictador y su bandola de hampones comunistas que, tal como sucedió en Venezuela, se robarán para siempre el futuro del país.

¡Ojo con el 2022!

Andrés Escobar
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Caleño, activista político, emprendedor y experto en marketing. Fundador de Media Advertising Company. Dios, Patria y Libertad.

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