Polémicas de una patria boba

Saúl Hernández Bolívar

Saúl Hernández

@SaulHernandezB

Es triste que las liberalidades de un policía y los impudores de unos mamertos con rabo de paja, echen raíces en el pueblo colombiano.

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En Colombia pasan muchas cosas que merecen comentarse y discutirse. Por ejemplo, un patrullero de Policía se negó en Cali a participar en el desalojo de unas familias invasoras de un terreno, ordenado por autoridades administrativas y judiciales, con el argumento de que él no podía cumplir una orden «injusta» que derivaba en la «violación de los derechos humanos» de unas familias a las que ni siquiera iban a reubicar en plena cuarentena.

De inmediato, los corifeos del populismo llenaron las redes de elogios y llamados, no solo a que el patrullero Ángel Zuñiga no fuera sancionado por el evidente incumplimiento de una orden, sino a que fuera condecorado, cuando la verdad es que este funcionario debería ser destituido por violar el Estado de Derecho al desacatar la orden de un juez alegando objeción de conciencia cuando él no está obligado a ser policía y puede retirarse si no le gusta.

Un policía no puede elegir cuándo cumplir la ley y cuándo no; puede y debe negarse a cumplir órdenes ilegales y francamente arbitrarias, pero no a no cumplir sus funciones y las órdenes amparadas por la Constitución y la ley, y emanadas por autoridad superior. En Colombia todavía rige el respeto a la propiedad privada y nadie puede invadir un bien que no le corresponde. Además, hay programas de ayuda, como lo dijo el alcalde de Cali. Que un policía pueda decidir qué leyes hace cumplir y en qué casos, equivale a abolir la Policía, como lo están exigiendo unas hordas de anarquistas en los Estados Unidos con la excusa del racismo. Es instaurar el caos y la ley del más fuerte, es destruir el ordenamiento democrático.  Por eso debe ser despedido de la institución, su demagogia no cabe ahí, que se meta a hacer política si quiere.

Otro tema que generó gran polémica fue el del hermano de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, capturado por narcotráfico en Estados Unidos, en 1997. Algunos se atrevieron a pedir la renuncia de la señora Ramírez como si existiera el delito de sangre en Colombia. También el general Naranjo tuvo un hermano pagando cárcel por narcotráfico en Alemania y a nadie se le ocurrió decir que no pudiera fungir como vicepresidente de Santos (del 30 de marzo de 2017 al 7 de agosto de 2018) en remplazo de Vargas Lleras, quien renunció para lanzarse a la presidencia.

Que la señora Ramírez hubiera pagado una garantía para sacar a su hermano de la cárcel mientras se adelantaba el proceso, no implica delito alguno; por el contrario, es un procedimiento y un recurso legales. De hecho, el hermano de la vicepresidente terminó pagando más de cuatro años de cárcel mientras que quienes piden la renuncia de Marta Lucía tienen parientes cuyos crímenes permanecen en la impunidad o ellos mismos tienen delitos impunes como el señor Petro, entre otros. Como siempre, la izquierda denuncia la paja en el ojo derecho, y cree que nadie ve la viga de su propio ojo. Su hipocresía y cinismo son descomunales.

Y es triste que las liberalidades de un policía y los impudores de unos mamertos con rabo de paja, echen raíces en el pueblo colombiano, que ahora celebra barbaridades como la caída de las fotomultas de tránsito. Si antes éramos, probablemente, el único país del mundo donde las autoridades debían informar la ubicación de las cámaras de fotomultas para que el infractor evitara la sanción solapadamente, ahora somos el único donde esas multas no valen si la cámara no identifica a quien conducía. Si no hay rostro, no hay multa; si se oculta —ahora con tapabocas—, no hay ley, no hay justicia. ¿Qué dirán las 5.356 personas que murieron en siniestros viales en 2019 en Colombia?

En el mundo, las fotomultas operan tanto con cámaras fijas como móviles (drones, helicópteros, patrullas), y se envían al titular del vehículo, quien incluso, si un pasajero es captado sin usar el cinturón de seguridad, está obligado a identificar al infractor, so pena de que le tripliquen la multa. Es que aquí nos estamos acostumbrando a que no haya castigos de ninguna naturaleza, y si el delito es inconmensurable, la condena es una curul en el Senado.

A delinquir pues, que el trabajo es deshonra y hacerlo por horas, explotación. Es mejor estar desempleado y sin dinero, que fomentar a un pequeño burgués —un tendero de barrio— que necesita un ayudante por las tardes. La izquierda doctrinaria es como una vaca muerta en el camino, pero ese tema nos queda para otro día.

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Acerca de Saúl Hernández Bolívar 69 Articles
Saúl Hernández Bolívar Comunicador Social - Periodista Antioqueño. Veinte años como columnista de opinión en diversos medios nacionales y extranjeros.