Próximo objetivo a neutralizar: el Ejército

Eduardo Benítez Gaitán

@EduardoBenitezG 

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La última encuesta de Gallup (mayo de 2019) da los primeros visos de una crisis en gestación del sistema político: Desconfianza generalizada en las instituciones y líderes políticos y la percepción de empeoramiento del estado general del país en economía, corrupción y seguridad.

La excepción a la regla son las Fuerzas Militares, con un 75% de aprobación son prácticamente la única institución en la que los ciudadanos depositan su confianza en la coyuntura, por encima de la Iglesia y de los gremios.

Contrario al análisis sesgado de algunos medios, la imagen negativa y la sensación de crisis del sistema no se encuentra en los cuestionamientos del Gobierno Nacional y de su partido  en el Congreso al espurio acuerdo FARC-Santos, ni al fin de los “diálogos” con el ELN, de hecho ambas organizaciones cuentan con la más alta imagen negativa entre los ciudadanos.

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Así mismo la encuesta muestra que los ciudadanos, en su mayoría, no están de acuerdo en sacrificar justicia por una paz que nunca llegó, creen en la capacidad de las Fuerzas Militares de derrotar a las guerrillas, no creen que estas puedan tomarse el poder y dudan de las bondades del acuerdo FARC-Santos para acabar con el terrorismo y el narcotráfico, garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y no creen que las FARC cumplirán lo acordado en La Habana.

Más que “polarización”, así le llaman  a la deliberación democrática después de décadas de política frentenacionalista, el país asiste a una crisis de representación: La ciudadanía no se siente escuchada por sus dirigentes e instituciones, más preocupados por el espurio acuerdo de La Habana, por Santrich y los caprichos de Timo e Iván Márquez, que por mirar a una ciudadanía que ve cómo desmejora su calidad de vida, la oportunidad de emprender, de encontrar un empleo, de acceder a mejores servicios de salud y educación o de seguridad, orden y justicia.

Hasta el Gobierno Nacional y la bancada en el Congreso han caído en el juego de regresar al juego perverso de Santos de “amigos-enemigos de la paz” cuando en los territorios y en la cotidianidad de los ciudadanos hay temas más apremiantes que exigen la autoridad, energías y voluntad política.

Con lo anterior no se quiere sostener que el camino sea claudicar a los caprichos de una minoría ruidosa que empoderó Santos en 2010 y que no quiere aceptar que perdió el poder en 2018, por el contrario, hay que ser más astutos y audaces para salir del entrampamiento que le está pasando factura al sistema político.

Si bien el sistema presenta un desgaste, aún no tiene fisuras relevantes que den lugar a una crisis orgánica que posibilite su destrucción y la generación de un nuevo sistema a la cabeza de un nuevo bloque hegemónico, de hecho, el cacareado Paro Nacional del 25 de abril de 2019, probó, por un lado, que las condiciones para una crisis del sistema aún no están del todo maduras, por otro lado, que los partidos, movimientos y organizaciones contrarias al sistema todavía carecen de capacidad de convocatoria, movilización y articulación como para conformar un Bloque Contrahegemónico.

De ahí que no sea casual la más reciente campaña sistemática de desprestigio político, judicial y mediático contra las Fuerzas Militares, bien lo reconocen en sus análisis de coyuntura las FARC al calificar al sistema como “militarista” y propender por una reforma militar para orientar a las Fuerzas Militares de Colombia hacia una doctrina “bolivariana” y de protección de las fronteras.

Recientemente, en el marco de las negociaciones de La Habana, las FARC plantearon entre sus propuestas para el tema de víctimas: “un proceso de desmilitarización de la sociedad y del Estado y una reforma institucional de las Fuerzas Militares y de Policía y de los organismos de inteligencia centrada en el respeto por los derechos humanos y la defensa de la soberanía nacional”.

Además, señalaron la necesidad de eliminar las “doctrinas anticomunistas, contrainsurgentes y de seguridad nacional en el país y cualquier tipo de intervención militar extranjera en Colombia”.

Al golpear la legitimidad e imagen de uno de los pocos símbolos de unidad nacional, se abre la puerta para reformar en el mediano y largo plazo la estructura, misión, roles, funciones y presupuesto de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, y de paso la concepción de seguridad y defensa con implicaciones sobre el control de territorios estratégicos en vías de estabilización, estando de plácemes el ELN, las disidencias de las FARC y con ellos su principal su aliado y retaguardia estratégica internacional: Venezuela.

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Las moción contra el Ministro de Defensa, los ataques contra el Ejército por una directiva mal interpretada, los ataques sistemáticos contra el General Nicacio Martínez, las calumnias del otrora asesor económico de Hugo Chávez y ex candidato presidencial Gustavo Petro contra el entrenamiento, resultados operacionales y presuntos casos de suicidio dentro del Ejército, van en la vía de ambientar la anhelada reforma militar para moldear unos soldados de acuerdo a la orden programática e ideológica dada desde 2017 por el Foro de Sao Paulo en el documento “El Consenso de Nuestra América”, elaborado por el  “Grupo de Trabajo” del cual hacen parte los dictadores Nicolás Maduro y Daniel Ortega:

“Se requiere entender la conquista del poder más allá de la recuperación de sus atributos simbólicos la presidencia y el gobierno de un país y articular estrategias que le permitan llegar a sus distintos niveles municipios, provincias, estados, nación –, prevalecer en los parlamentos, y en el debate público, así como proteger y propiciar el éxito de las empresas públicas y las formas de gestión y propiedad colectivas. Asimismo, evitar que el poder judicial sea utilizado al servicio de intereses políticos de la derecha. Es necesario democratizar y subordinar las estructuras de mando del ejército y los órganos de orden interior, al poder político instituido libremente por la voluntad popular y en función de los intereses nacionales Esos órganos son los garantes de los procesos de liberación, soberanía e independencia de Nuestra América”.

No sobra recordar que del Foro hacen parte y se subordinan los partidos Alianza Verde, Polo Democrático y Unión Patriótica, quienes lideran la ofensiva de desprestigio contra las Fuerzas Militares, además de hechos reprochables como la persecución hecha contra la Mayor Cristina Lombana, recusada y estigmatizada por sus compañeros de la Corte Suprema de Justicia por el solo hecho de ser militar, la misma Corte Suprema que ordenó la liberación del capo Jesús Santrich para tomar posesión de una curul en la Cámara de Representantes, el “Consenso de Nuestra América” aplicado al pie de la letra en Colombia.

En el marco del Bicentenario de la Independencia y fecha fundacional del Ejército de Colombia, 7 de agosto, se requiere del mayor esfuerzo político, comunicacional, social y académico para hacerle frente a las intenciones de los aliados de Maduro en Colombia.

Así como hay bancadas de mujeres, de regiones o de causas comunes que congregan a congresistas de diversos partidos, se requiere una bancada en defensa de nuestras Fuerzas Militares que le haga contrapeso a la guerra sucia contra la única institución del Estado que llega a los territorios ante la indiferencia y cinismo de asesores, corbatas, expertos, académicos y columnistas que despachan desde La Cabrera, El Chicó, Usaquén o Chapinero.

Igualmente es más que necesario la inclusión de los militares, de su historia, de las víctimas militares y sus familias en la conmemoración del Bicentenario como componente fundamental en la construcción de Nación.

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De no actuar a tiempo y con contundencia, no sería raro que en unos años los héroes de la Operación Jaqué terminen presos o que el Coronel Raimundo Malagón (secuestrado 10 años por las FARC) le tenga que agradecer a Timo por unas “vacaciones extremas en la selva”.

Eduardo Alberto Benítez Gaitán
Acerca de Eduardo Alberto Benítez Gaitán 14 Articles
29 años, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia (2012) y magister en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra (2018) con diplomados en Seguridad Multidimensional de la Escuela Superior de Guerra y en Liderazgo Político Y Social de la Universidad Sergio Arboleda. Se ha desempeñado como Secretario de Gobierno y Desarrollo Social del municipio de Nuevo Colón (Boyacá).