Que Dios nos coja confesados ante el reinado de los jueces

Robert Posada Rosero

Robert Posada Rosero

Que Dios nos coja confesados ante el reinado de los jueces. Por Robert Posada R. Clic para tuitear

Robert Posada Rosero

Un país donde sus ciudadanos utilizan la más grande conquista para la defensa de sus derechos fundamentales para obligar al presidente de la nación a borrar un trino donde respetando las libertades religiosas del país y en clara expresión de su fe, celebró 101 años del reconocimiento a la Virgen de Chiquinquirá como patrona de Colombia y le pidió por el país, está condenado al fracaso. 

La tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución como un instrumento para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, está siendo usada para todo tipo de fines que rayan en el absurdo, desnaturalizando las razones por las que fue concebida. 

En su fallo la Sala de decisión del Tribunal Superior de Cali le dio la razón al ciudadano que pidió la protección de sus derechos, afectados por un trino hecho desde la cuenta del presidente Iván Duque, porque violaba los derechos a la laicicidad del Estado, la libertad de culto y el principio de separación entre el Estado y la Religión. Hágame el bendito favor. 

Según el demandante sus derechos “fundamentales” fueron afectados por el trino hecho el 9 de julio en la cuenta personal del mandatario, quien haciendo uso de la libertad de cultos consagrada en el artículo 19 de la Constitución hace referencia a su devoción por la virgen y eleva una petición por el bien del país, publicación que a juzgar por la oportunidad en conque fallaron los magistrados se convirtió en una  afrenta y un perjuicio que ameritaba un pronunciamiento expedito. 

La Sala se pronunció y dio un plazo de 48 horas para que se retire el trino y además “previene” al presidente Duque “para que, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en las conductas que dieron origen a esta tutela”, violando no solo el artículo que pretende amparar sino en claro contrasentido con el preámbulo de la Carta Magna, que reza que el pueblo de Colombia invoca la protección de Dios.   

Le asiste razón a la Presidencia al manifestar al respecto “que dicho tuit no tiene carácter de exigible, ni constituye un acto oficial” y aunque los togados admiten que el trino de hizo de la cuenta personal de Duque y habla de su  fe y la Virgen, “lo que constituye una evidente exteriorización de creencia”, justifican su accionar con el argumento que no lo eximen de control político y jurídico.

Aclaro que aunque fui criado en la fe católica no soy lo que se dice un católico prácticamente, solo asisto a cultos de carácter sociales como misas de funerales, matrimonios o bautizos, cuando me es estrictamente necesario, no me confieso y no rezo antes de dormir, pero no por ello me voy a sentir ofendido porque quienes lo hacen, ni por las manifestaciones públicas de sus creencias, se trate del vecino o del mismísimo papa.   

La acción de tutela debe proceder solo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y es aquí donde vale pena detenerse un instante, pues según un informe de la Corte Constitucional, entre enero y mayo de 2019, los colombianos cada día interpusieron 1.867 tutelas, unas 78 cada hora, un aluvión de procesos que obliga a definir con seriedad si este tema ameritaba un pronunciamiento prioritario por encima de miles de solicitudes que propenden principalmente por derechos como la salud y la vida.  

Definir prioridades también debería ser menester de los reputados magistrados, a no ser que nuevamente estemos, como sucede con tanta frecuencia, ante una decisión judicial de carácter político e ideológico cuyo único fin es fastidiar, torpedear y afectar el ejercicio del ejecutivo sin importar la nimiedad de las razones esbozadas. 

“Para la bobada no hay cura”, suele repetir un insigne escritor del Corazón del Valle, y el tema no pasaría de ser anecdótico si no nos remitiera nuevamente al constante abuso en la exigencia de derechos y garantías, imponiendo concepciones personales e ideológicas a las demás personas en una clara violación de sus propios derechos. 

Vivir en comunidad bajo preceptos de respeto y tolerancia implica no solo la garantía de nuestros derechos sino la observancia de principios y valores universales que nos lleven a cumplir con deberes como ciudadanos, porque el verdadero respeto por las libertades no está sujeto a la aplicación del derecho sino la observancia libre y sensata de los postulados consagrados en la Constitución y la leyes. 

Ante desatinos como estos, cada vez es se hace más evidente que nuestra justicia necesita y requiere con urgencia una reforma profunda, muchas veces malograda por intereses mezquinos, empero, de lograrse el milagro, de nada serviría si quienes tienen la responsabilidad y obligación de guiarnos con sus fallos continúan actuando de manera desproporcionada, irresponsable y hasta pueril.

Robert Posada Rosero
Acerca de Robert Posada Rosero 8 Articles
Comunicador Social Periodista, especialista en Derecho Constitucional.