Un informe hecho por unos agentes para echarle la culpa a los que no participan en su elaboración es poco útil. Concuerdo con el título: sin verdad no hay futuro; y que mal el que le aporta esta comisión al futuro de Colombia. Clic para tuitear

 

La Comisión de la Verdad es otra institución creada por el Acuerdo de la Habana y rechazada por los colombianos en el plebiscito de 2016.  Desde la selección de sus comisionados presentamos reparos y afirmamos que iban a presentar una verdad parcializada.  Y así fue. El pasado 28 de junio presentaron su informe “Hay futuro SI HAY VERDAD” con un remedo de verdad ideologizada en contra del Estado y las Fuerzas Armadas.

Dentro de los comisionados no hubo ni empresarios ni campesinos. No estuvieron las fuerzas políticas, ni los que criticábamos el acuerdo. Solo la izquierda estuvo representada.

Los comisionados están tan parcializados e ideológicamente comprometidos que se puede escuchar a la comisionada Lucía Gonzáles diciendo: “Jesús Santrich, necesitamos de su sabiduría y su alegría”. Solo hubo un representante de los militares, el mayor (r) Carlos Ospina, quien renunció a la comisión el pasado 2 de mayo argumentado una parcialidad total del informe final. “Las mayorías allí imponen su punto de vista…el informe va a poner la mayor responsabilidad del conflicto en el Estado, sus instituciones, la fuerza pública y los empresarios”.

El Informe es la historia escrita desde una sola perspectiva, y con un propósito político. Culpan al Estado y a sus Fuerzas para exculpar el aparato criminal de la izquierda, en la que los comisionados militan aunque ellos sin armas.

El acápite del informe final denominado “Hallazgos”, encontramos 137 observaciones en contra del Estado y las Fuerzas Armadas, parcializadas por supuesto. Sentencian al Estado como uno de los principales responsables de la violencia: el Estado como origen de la violencia y culpabilidad directa a la Fuerza Pública. Igualan la Fuerza Pública a grupos criminales, mencionan la Fuerza Pública como el enemigo de civiles y concluyen que la Fuerza Pública tiene una doctrina de guerra. Contrasta en que en todo el informe final sólo en dos párrafos se reconocen los logros de la Fuerza Pública y el Estado contra la criminalidad.

El sesgo del informe también se puede evidenciar en el número de veces que se usaron palabras clave. Las palabras “militares”, “ejército”, “fuerzas armadas”, “fuerza pública”, “policía” y “estado” se mencionaron 2.588 veces, en cambio las palabras “guerrilla”, “grupos armados”, “insurgente” y “FARC” solo 911 veces. Y eso que la gran mayoría de las veces que se mencionan a las FARC se hace para titular el acuerdo de la Habana. Poco dicen del accionar criminal y terrorista de la organización.  También se menciona paramilitar 826 veces y conflicto 963.

La falta de imparcialidad también es evidente entre capítulos, sobretodo en testimonios. El capítulo de “entramados del paramilitarismo” contiene en promedio cada tres páginas un testimonio, donde la mayoría son en contra de las Fuerzas Armadas, y el capítulo de “ insurgencias” contiene testimonios de los mismos guerrilleros victimizandose y juzgando al Estado y a la Fuerza Pública. El informe siempre concluye sin evidencia adicional que las Fuerzas Armadas son coautoras y generadoras del paramilitarismo, y el modelo de seguridad como autor de la violencia de Colombia.

Entre las ideas desarrolladas en informe están: “Los principales responsables identificados por la Comisión son el Estado colombiano, los grupos paramilitares, las guerrillas..” y sigue “la doctrina de seguridad nacional ha considerado como enemiga a buena parte de la población civil”, “El modelo de seguridad que ha prevalecido en Colombia se ha configurado en un factor de inseguridad y violación de derechos humanos”,“la fuerza pública…clasificando a la población en función de su actitud frente al Estado.. para tratar de neutralizar o eliminar a los considerados opositores”, “Al privilegiar las muertes en combate sobre cualquier otro resultado militar, se incentivaron graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH”, “Expansión paramilitar contó con el apoyo directo de directivos de la fuerza pública colombiana”, “La desaparición forzada ha sido una práctica sistemática perpetrada por la fuerza pública y por los grupos paramilitares”, “el paramilitarismo fue auspiciado por el Estado desde inicios de los años sesenta”, “La responsabilidad del Estado en el conflicto armado se configura tanto por su participación directa en violaciones graves de derechos humanos, por miembros de las instituciones, como por su falta de prevención, investigación y sanción” y “La seguridad ha funcionado más para proteger la riqueza y el poder de unos ciudadanos y empresas y sus intereses”

Es sin duda el informe de una parte, que no recoge ni reconoce a gran parte de la población colombiana. Le quedan faltando las verdades de las Fuerzas, de los empresarios, de los paramilitares, de los campesinos, de los partidos. Un informe hecho por unos agentes para echarle la culpa a los que no participan en su elaboración es poco útil. Concuerdo con el título: sin verdad no hay futuro; y que mal el que le aporta esta comisión al futuro de Colombia. Este informe debería llamarse “la verdad desde la izquierda colombiana”.

Nota: En otra columna comentaré la parte II del informe, “recomendaciones”.

Paloma Valencia L.
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Paloma Valencia Laserna abogada, política y líder de opinión colombiana. Es Senadora de la República de Colombia por el Partido Centro Democrático desde 2014 y para el periodo 2018-2022.