La legalización de cultivos ilícitos y de producción de narcóticos, así como el perdón a corruptos, mafias de las drogas, bandas criminales y grupos terroristas, convertirá a Colombia en una narcocracia. Días difíciles, muy difíciles nos esperan.

Y es que el nombramiento de Danilo Rueda como Comisionado de Paz, junto con el de Álvaro Leiva como Canciller y, el del seriamente cuestionado Iván Velásquez como Ministro de Defensa, permiten concluir, que la impunidad que apoltronó Juan Manuel Santos con la complicidad de su Congreso de bolsillo y de una Corte Constitucional fletada que permitió que se violentara la Constitución Nacional encomendada a su custodia, la implantará a como dé lugar y de manera permanente el régimen de Petro con el apoyo de un Congreso conformado en su mayoría, por personas carentes de independencia, conocimientos, formación y merecimientos.

Así como hay evidencia que demuestra, que el señor Danilo Rueda ofertaba asilos políticos en pago a señalamientos falsos contra el presidente Álvaro Uribe, también la hay, que este oscuro personaje fue el acólito del señor Juan Fernando Petro, hermano del presidente electo, en sus reuniones clandestinas con criminales condenados en cárceles, entre ellas, La Picota.

No existe duda de la simpatía del señor Danilo Rueda con los grupos criminales disfrazados de guerrilleros, como tampoco, de su permisividad e indulgencia con la barbarie y los actos violentos que estas bandas cometen, al punto que, de manera cínica y desvergonzada, deformando y tergiversando principios y tratados de Derecho Internacional afirma “La existencia de diversas organizaciones armadas guerrilleras son la expresión del ejercicio del Derecho a la Guerra, a la rebelión armada”

En cuando a la designación de Iván Velásquez como Ministro de Defensa no es aventurado señalar, la subjetividad y la falta de laboriosidad y rigor jurídico que caracterizan sus actuaciones, así como su rudo antagonismo con las fuerzas armadas, avalado por sus desapacibles manifestaciones contra ellas y contra algunos de sus miembros sin llegar a hacer señalamientos puntuales, al parecer, tratando con ello de debilitarlas y deslegitimarlas.

Tan solo basta revisar algunos trinos de Velásquez durante el paro cívico que degradó en estallido criminal, para evidenciar su animosidad con las fuerzas del orden. Repasemos algunos: “La manera idéntica como actuó la Policía en decenas de lugares distantes muestra que la represión y las muertes obedecen a una política institucional (…)”.

En otro, de manera ligera y por demás temeraria, le exige a la Policía Nacional que revele, “dónde tiene a los desaparecidos de cuyas capturas hay pruebas”. Y para no abrumar, recordemos tan solo uno más, en el que afirma sin fundamento alguno “Que la cuarta parte de los generales del Ejército colombiano estén comprometidos en actos de corrupción es un hecho gravísimo”.

Como bien lo dice María Isabel Rueda en su columna dominical, difícil, muy difícil será, que Velásquez pueda creer, que los hombres que defienden la patria y estarán bajo su mando, sufrirán de amnesia o ignorarán sus maltratos y afrentas.

Por mi parte y como jurista y académico, considero que el señor Velásquez no tiene los merecimientos, la capacidad, la integridad y la autoridad moral para dirigir las Fuerzas Armadas.

Además, la nación no debe olvidar el vergonzoso pasaje, en el que Velásquez ofreció licor a supuestos testigos mientras los interrogaba, como tampoco, las graves e inexcusables faltas cometidas en sus actuaciones en los procesos de la llamada “parapolítica” y menos aún, que Velásquez fue expulsado de Guatemala y declarado “persona non grata” por extralimitarse en sus funciones e inmiscuirse en asuntos completamente ajenos a los encomendados de manera invasiva por las Naciones Unidas. Por eso, y, por mucho más, no se entiende como Petro designó a Velásquez.

Y para colmo de males, Petro nombró como director de la Unidad de Restitución de Tierras a Giovani Yule, un activista indígena a quien Petro llama “sociólogo de la comunidad nasa”.  Es bueno recordar, que Yule ha sido un personaje polémico y muy controvertido, inclusive, por algunas comunidades indígenas, y que fue quien promovió la llamada Minga Indígena del Cauca que aprovechó el paro nacional del año anterior para causar zozobra, bloqueos, violencia y destrucción. No se entiende, cómo Petro pudo nombrar en un cargo de tanta importancia, a una persona que no ha demostrado el menor asomo de respeto por la propiedad privada y que se caracteriza por su ánimo invasivo de tierras ajenas productivas, así como por su intensión expansionista de los ociosos e improductivos territorios indígenas.

Contrasta con la mediocridad que exhibe el gabinete nombrado por Petro, José Antonio Ocampo Gaviria designado Ministro de Hacienda, quien de seguro no se plegará a los bandazos y ocurrencias de Petro, como la de acabar con la independencia del Banco de la República; emitir papel moneda; declarar la moratoria de la deuda externa; acabar con los fondos privados de pensiones; expropiar las cotizaciones de los trabajadores; y, articular una reforma tributaria para recaudar 75 Billones, entre otros desvaríos. Conociendo a Petro y sus despropósitos y desinteligencias, es muy probable que el nuevo Ministro de Hacienda permanezca muy poco en el cargo.

Con todo y sus incoherencias, contradicciones y retractaciones, ojalá que a Petro le vaya bien; aunque sin empezar su gobierno, ya se advierten discrepancias con sus más cercanos seguidores y con algunos miembros de su futuro gabinete.

Serias, muy serias serán las dificultades que Petro tendrá que enfrentar para hacer realidad sus absurdas promesas, las que al final muy probablemente serán rechazadas por la inmensa mayoría de los colombianos, entre ellos, sus mismos electores y los funcionarios de su gobierno, tal y como lo anunció Alejandro Gaviria, quien, naturalmente, antes de aceptar su nombramiento como Ministro de Educación describió como sería el gobierno de Petro y dijo:

“El primer año, él nombra un buen gabinete de unidad nacional; no lo logra cohesionar. Pasan 6 o 8 meses y no pasa mucho. Se le desbarata el gobierno, y Petro empieza a twittear como lo loco y básicamente es ese conflicto que crea de manera permanente y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro. Y no se hace nada. Yo dije hace poco, que me daba más miedo la inacción que la acción en el gobierno de Petro”

Ante la amenaza que se cierne sobre la nación, es necesario que los 10 millones de colombianos que votamos contra Petro y sus obtusas promesas comunistas, ejerzamos una oposición civilizada, respetuosa y fundamentada, para evitar que Colombia se convierta en una narcocracia y que Petro y sus corifeos se perpetúen en el poder.

 

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Rafael Rodriguez Jaraba
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Rafael Rodríguez Jaraba

Abogado Esp. Mg.

Consultor Jurídico & Asesor Corporativo.

Especialización en Derecho Comercial. Maestría en Derecho Empresarial.

Conjuez de la Sala Civil del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.- Arbitro y Conciliador del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali.- Mediador en Conflictos de Gobierno Corporativo certificado y acreditado por Global Corporate Governance Forum. Banco Mundial. IFC.- Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.- Catedrático Universitario.