Señores Jueces constitucionales, «Respeto – por favor».

Martin E. Botero

@boteroitaly

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Tenemos un punto muy importante en el orden del día de hoy, a saber, el debate sobre las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), que, como bien saben, fue devuelta al Congreso antes de la Sanción Presidencial para hacerle algunos ajustes, luego de que la Corte Constitucional se declaró incompetente para pronunciarse (auto 123-2019) debido a la carencia de competencias adecuadas en este ámbito específico.

A partir de ahí, y dados los conflictos en la formulación de las decisiones legislativas entre la Cámara de Representantes – que negó las objeciones que el presidente Duque hizo a la JEP – y el Senado – que no adoptó reforma alguna porque no se obtuvo la mayoría absoluta de los votos requeridos en esa Cámara legislativa para su aprobación (55)– el proyecto se envió de nuevo a la Corte Constitucional.

La decisión de estas asambleas legislativas que naturalmente es soberana para decidir según mejor entienda queda, sin embargo, sometida a la aprobación o deberá ser tomada por la Corte Constitucional. El punto álgido de la discusión es la definición de las competencias entre el Congreso y la Corte Constitucional o bien el papel que debería desempeñar la Corte Constitucional y la división constitucional, conocida como la separación de poderes o la división y contrapeso de poderes.

La decisión de estas asambleas legislativas que naturalmente es soberana para decidir según mejor entienda queda, sin embargo, sometida a la aprobación o deberá ser tomada por la Corte Constitucional. Clic para tuitear

En el desempeño de sus responsabilidades con respecto a este cometido, los jueces de la Corte Constitucional, en el ejercicio de sus funciones, son independientes y están sujetos únicamente a la Constitución y a las leyes. Sin embargo, algunos observadores han mostrado su preocupación por dos razones: en primer lugar, porque la propia Corte, que en ocasiones no toman ni siquiera medidas básicas para cumplir sus compromisos para con la justicia internacional, ha sido acusada repetidamente, con cierta razón, de estar demasiado politizada y activa para actuar respecto de las cuestiones del proceso de paz o que sus decisiones responden a un juego político donde cada paso está calculado o, peor aún, por su poder de interpretación, sustituyendo al legislador con una invasión en sus competencias o una interpretación extensiva, legislan desde la magistratura o se erigen en un verdadero poder legislativo, pero sin ningún control parlamentario o político; y, en segundo lugar, por su obcecación en querer usurpar las competencias, las prerrogativas y facultades de los órganos específicos del Congreso.

Debemos ser conscientes del posible solapamiento y duplicación de funciones. Esta decisión debe operarse sin menoscabo del equilibrio de poderes entre las Instituciones y sin usurpar sus respectivas atribuciones y papeles. Este requisito es la claridad: claridad en lo que respecta tanto al reparto de poderes como a la definición precisa de las competencias.

Respecto de la cuestión que plantea sobre esa discrepancia entre el Senado y la Cámara de Representantes, es evidente que la Corte C. será la última institución en inmiscuirse en esa discrepancia y dejará que las dos instituciones, autónomamente, resuelvan esa posible diferencia. Debemos recordar también que, las reformas constitucionales son asuntos parlamentarios y de que es inapropiado que la Corte no respete la división constitucional de los poderes o los principios que gobiernan la división de poderes y la coherencia con el marco jurídico y político, erigidos sobre los principios de Montesquieu.

Cualquier acción de este tipo debe respetar los principios que gobiernan la división constitucional de los poderes del Estado evitando a todo precio invadir o usurpar determinadas competencias del Congreso ni de perturbar su funcionamiento, y alentar las iniciativas legítimas, en especial según lo establecido en el artículo 153 de la Norma de Normas. La Corte Constitucional no puede desconocer y desafiar con medidas extremas o actos de equilibrismo la decisión democrática del Senado y la Cámara de Representantes en el marco de sus competencias y responsabilidades u arrojar más combustible a la guerra entre la mayoría y la oposición o no escuchar a los ciudadanos (opinión pública) que la critican y a los comentaristas que la cuestionan.

La Corte no tiene necesidad de ello y, al actuar así, se está haciendo un enorme daño a sí misma. Esto genera un efecto muy desafortunado y un enorme daño al ya debilitado equilibrio institucional y político del país. La cuestión principal que tenemos ante nosotros es que la situación dio lugar a una serie de procesos legislativos en el limbo que no tenían más razón de ser y eso debería haber sido suficiente para que los seis artículos en cuestión hayan sido rechazados o revocados previamente, desactivados o caducados para su eliminación segura, en sintonía con el conjunto del texto constitucional.

Por otra parte, es bastante obvio que la corte no tiene competencia para pronunciarse sobre los plenos poderes de decisión reconocidos por la Constitución al Congreso, habida cuenta de sus responsabilidades e independencia respectivas; de la misma forma que tampoco puede atribuirse poderes arbitrarios ilimitados y sin un mandato que pudieren afectar al núcleo mismo de las competencias y prerrogativas específicas que nuestra Constitución le otorga al Congreso en particular sobre las garantías que puede ofrecer con respecto a la aplicación de la legislación en cuestión.

En nuestra opinión, la Corte C. no puede establecer restricciones a las facultades del Congreso de la República, distintas a las establecidas expresamente en la Constitución.

En nuestra opinión, la Corte C. no puede establecer restricciones a las facultades del Congreso de la República, distintas a las establecidas expresamente en la Constitución. Clic para tuitear

De igual manera, no se puede alejar del Estado de derecho, de lo que llamamos un Estado constitucional o encerrarse en un círculo vicioso de gansterismo de Estado o enmendar la Constitución a su antojo y capricho para sus propios fines y, entre otras, esa Corte no puede limitar, recortar o cercenar los poderes funciones competencias de las asambleas legislativas y, por consiguiente, la Corte no puede romper el equilibrio, el espíritu y la letra de nuestra Constitución, es decir el equilibrio democrático del sistema político que se caracteriza por la separación y la independencia de los poderes o exaltar la autocracia de la magistratura sobre la democracia parlamentaria, glorificar la pequeña facción sobre la sociedad civil y la igualdad sobre la libertad o ensalzar la masa y la clase sobre el individuo y la falta de entendimiento sobre la razón.

Esta Corte puede ser soberana, pero en cualquier caso tiene que respetar sus propias normas en sus prácticas internas, pero es también obvio que sus actos no pueden ser arbitrarios, sino que deben estar sujetos a las normas que la misma Carta Fundamental y las leyes establecen y que debemos ser muy cautelosos y cuidarnos siempre mucho de conferir poderes arbitrarios a una Corte Constitucional, por eso, alertamos de los peligros que encierra el contenido y los objetivos de esta iniciativa, así como de todas las otras medidas relacionadas con el ejercicio de cualquier poder de forma ilimitada, irracional, desproporcionada e inconstitucional. Lamentablemente la Corte se ha acostumbrado a una interpretación concentracionista, ascendente, la de una autoridad desenfrenada y sin ningún tipo de controles y contrapesos con burdos pretextos y vacíos, lagunosa dogmática e incomprensible. De tanto adoptar una interpretación permanente se terminó por atribuirse una legitimidad política “constituyente”.

Ahora, hablemos de mayoría absoluta (artículo 153 de la Norma de Normas)

Se dice que una mayoría es absoluta (en el caso, por ejemplo, de 108 senadores) cuando la votación sobre un asunto sometido a su consideración requiere, para su aprobación, una mayoría igual o superior a la mitad más uno del número total de miembros del órgano en cuestión (es decir, 55 votantes), sean o no estos asistentes a la sesión de este. En este caso, no se tiene en cuenta el número de miembros presentes (en el caso, por ejemplo, de 93 votantes), de tal suerte que la mayoría de los miembros presentes, si no representa la mayoría absoluta de miembros totales (55 de 108), no da lugar a la aprobación de la reforma Constitucional -Ley estatutaria -. Igualmente, se tiene en cuenta como miembros en el cómputo, no solo a quienes puedan ejercer en ese momento su derecho, sino también a aquellos que, por diversos motivos, no puedan (en el caso, por ejemplo, de senadores que no votaron) —bien por encontrarse ausentes, en la cárcel, enfermos, o haber cesado— si el relevo de estos no se ha producido o se declararon impedidos. El Senado no adoptó reforma alguna porque no se obtuvo la mayoría requerida de votos en el Senado (55). De esta manera, se cerraba el paso a los seis artículos en cuestión. La práctica habitual de todas las Asambleas Parlamentarias en Europa es interpretar las palabras mayoría absoluta en el sentido de mayoría de todos los miembros que lo componen (electores), es decir del número total de miembros, tanto si votan o se les permite votar como en caso contrario, y en la que la decisión se toma con más del 50% de votos. Amen

Martín Eduardo Botero
Acerca de Martín Eduardo Botero 29 Articles
Abogado Europeo inscrito en el Conseil des Barreaux Europèens Brussels. Titular de Botero & Asociados, Bufete Legal Europeo e Internacional con sede en Italia y España. Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Presidente y fundador de European Center for Transitional justice y vicepresidente en la Unión Europea de la Organización Mundial de Abogados. Graduado en Jurisprudencia por la Universidad de Siena (Italia) con Beca de Honor y Licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Ávila (España). PhD en Derecho Constitucional Europeo por la Universidad de Bolonia con Beca de estudio del Ministerio de Exteriores italiano y la Unión Europea. Colabora con universidades, institutos de investigación especializados y organismos de la sociedad civil en los programas de cooperación jurídica y judicial internacional. Consultor Jurídico independiente especializado en anticorrupción. Su último libro lleva por título “Manual para la Lucha contra la Corrupción: Estrategia Global: Ejemplos y Buenas prácticas”.