¡Si de gobernar con estadísticas se trata, entonces renuncie señor presidente!

José Ignacio Lombana Sierra

@LombanaSierra 

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Si de gobernar o tomar decisiones con base en encuestas o en estadísticas (amañadas o mal interpretadas) se trata, entonces debería Ud. renunciar a su cargo señor presidente, pues su popularidad no es la más alta y la mayoría de las encuestas y estadísticas desaprueban por completo su gestión.

El Decreto 2362 de 2018 por el cual se prorroga la prohibición general del porte de armas, no solamente contraviene abiertamente la ideología mayoritaria del partido por el cual Ud. resultó elegido y que tanto defendió en campaña, sino que va en contravía de lo que muchas otras personas piensan y sienten (excepto los mamertos de la izquierda y las FARC que son la misma cosa), pero sobre todo, nos mantiene a los colombianos honestos y de bien en la absoluta indefensión y a merced de cuanto bandido hay en las calles de nuestras ciudades o en los campos, y nos expone cada vez más a que las ideas de izquierda, que Dios no lo quiera y permita se hagan realidad y terminen llevando al poder a cualquier individuo o individua (para que en esas latitudes no se sientan discriminados) de los que allá militan.

Las estadísticas pueden interpretarse de muchas maneras para hacer que digan lo que uno quiere y necesita que indiquen.

Las estadísticas pueden interpretarse de muchas maneras para hacer que digan lo que uno quiere y necesita que indiquen. Clic para tuitear

Los homicidios (y por ende las lesiones personales) con armas de fuego pueden haber decrecido en las estadísticas, pero, la causa directa, eficiente y por tanto real de esas cifras ¿es la prohibición general del porte de armas?

Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, quiere ello decir que todos o casi todos los homicidios y en general los delitos en donde para su comisión se emplean armas de fuego en Colombia se cometen con armas legales, pues es a las que aplica la prohibición del Decreto por cuanto las ilegales ya están proscritas por el Código Penal, lo cual como todos sabemos no es cierto. Ni siquiera el 10% de los delitos en Colombia llegan a cometerse con armas legales.

¿No será que las labores preventivas y de persecución del delito llevadas a cabo principalmente por la Fuerza Pública y en general por los organismos de control del Estado están siendo más eficientes más allá de los efectos de la prohibición del porte de armas legales?

Este asunto me lleva a pensar en los argumentos que hace algunos días escuché en un programa de radio en donde discutían sobre la altísima tasa de homicidios en accidentes de tránsito, en donde en la gran mayoría de los casos estaba involucrada una motocicleta.

Al final, desde un punto de vista netamente estadístico la única solución eficiente al aumento dramático de muertes y lesiones en accidentes de tránsito es prohibir el uso de motocicletas, o llevar la regulación a estadios tan absurdos de controles y prohibiciones que haga a los usuarios de estos vehículos desistir de su uso a pesar de las necesidades de transporte de los individuos.

¿Va entonces Ud. señor presidente a prohibir el uso de motocicletas para disminuir las muertes en accidentes de tránsito, o cree Ud. que lo procedente es aumentar las campañas pedagógicas sobre su uso y en todo caso que los organismos de control del tránsito y la seguridad vial en general redoblen esfuerzos y tracen estrategias que se muestren más eficaces en el control de la accidentalidad?

Siguiendo el derrotero de las decisiones tomadas con base en estadísticas puras, duras y frías, encontramos miles de ejemplos como el de las motocicletas los cuales, mutatis mutandi podemos aplicar en la discusión sobre el libre porte de armas de fuego de manera legal, con idéntico resultado: ¡la prohibición no es la solución!

Las estadísticas que manejan la Policía Nacional o el Instituto de Medicina Legal no se preocupan en detallar y señalar de los homicidios con arma de fuego que se registran cuántos fueron con armas legales y cuántos con ilegales. Y en ningún caso recientemente conocido por quien escribe estas líneas, se señala que se haya reconocido el ejercicio del derecho a la legítima defensa entre otras variables trascendentales en esta discusión, por lo que a las interminables estadísticas ingresan todos los homicidios con arma de fuego sin reparar que no en todos los casos son iguales en sus causas, que es lo que importa entender y conocer si se quiere evitar el resultado.

Así las cosas, si los homicidios con arma blanca aumentan (como consecuencia de la prohibición del porte de armas de fuego), entonces habrá que prohibir el uso de cuchillos de todo tipo y que la gente use por ejemplo cubiertos plásticos desechables, y que los campesinos guarden los machetes y compren guadañadoras a motor, y que se expidan salvoconductos para cargar consigo mismo destornilladores, cortadores (bisturís) o cualquier otra herramienta para que los albañiles, electricistas o cualquiera pueda ganarse la vida trabajando honradamente o simplemente hacer una reparación locativa en su casa. Aspectos estos que de por sí quedaron mal regulados en el Código Nacional de Policía por andar haciendo justamente lo políticamente correcto, que no es otra cosa últimamente que lo populista que no popular.

Ahora bien, si los homicidios con arma de fuego (tanto legales como ilegales pues ni el Decreto ni las estadísticas en que éste se fundamente hacen la diferencia) han disminuido realmente de forma dramática, por qué no se suprimen todos esos esquemas de seguridad tanto a las FARC que “eran” (realmente siguen siendo) la principal fuente de violencia en el país, pasando por todos los esquemas de los políticos de izquierda y de derecha y de tanto lagarto que se pagan con el presupuesto público, a propósito de la necesidad de recortar los gastos de funcionamiento del estado.

Lo cierto en todo este asunto señor presidente, es que su Decreto crea ciudadanos de primera y segunda categoría. Es muy fácil hablar sobre la percepción de seguridad desde un carro blindado y con escoltas privados o pagados por el Estado, el efecto es el mismo. Pero no todos los ciudadanos tenemos la posibilidad de acceder a esos privilegios a pesar de ser la seguridad una necesidad, y tampoco podemos todos estar a la espera de poder encajar en una de las excepciones que se creen para poder optar por un permiso especial, con lo cual, habrá ciudadanos más o menos decentes que puedan defender su vida, su honra y sus bienes.

Los colombianos no podemos seguir viviendo de excepciones en la ley, que sólo generan desigualdades y discriminación, y mucho menos cuando de defender derechos fundamentales se trata.

Los colombianos no podemos seguir viviendo de excepciones en la ley, que sólo generan desigualdades y discriminación, y mucho menos cuando de defender derechos fundamentales se trata. Clic para tuitear

Antes de hablar de prohibicionismo hay que revisar la legislación existente para saber que Colombia tiene una de las legislaciones más exigentes del mundo para autorizar el porte legal de un arma de fuego, y a pesar de ello y de los experimentos de prohibir el porte la criminalidad no disminuye.

La razón es muy simple: cada vez es menor la cantidad de personas que pueden portar legalmente armas de fuego, y los ciudadanos desarmados son presa fácil del delincuente al que poco y nada le importa la ley penal y por eso delinque, y mucho menos la prohibición de porte legal de armas, antes se beneficia de ella, así de sencillo.

Ya sé que dirán miles de cosas sobre la intolerancia y otros factores que deben considerarse. Pero, del mal uso de las armas de fuego legales ya se ocupa el Código Penal. Tiene es que defendernos señor presidente de las armas ilegales, esas son las que se deben perseguir y a quienes las emplean en contra de los ciudadanos de bien, no a los que cumplimos la ley.

No nos trate como a criminales señor presidente a quienes queremos cumplir la ley, pero a la vez ejercer nuestro derecho a la legítima defensa. Clic para tuitear

No nos trate como a criminales señor presidente a quienes queremos cumplir la ley, pero a la vez ejercer nuestro derecho a la legítima defensa.

José Ignacio Lombana Sierra
Acerca de José Ignacio Lombana Sierra 6 Articles
Abogado Penalista de la Universidad Javeriana y profesor de la misma Universidad. Tirador , cazador y coleccionista de armas por tradición y convicción.