Sobre la revisión constitucional de la Ley Estatutaria de la JEP

FRANCISCO BERNATE OCHOA

Sobre la revisión constitucional de la Ley Estatutaria de la JEP

@fbernate

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Uno de los más ilustres juristas que ha tenido nuestro país, don Pedro Pacheco Osorio, decía que la forma de argumentar de un Juez -como Magistrado que fuera- es diferente a la que emplea quien acude en defensa de un interés particular. Su célebre expresión,”auto largo es auto malo” resumía el que un Juez no debe explayarse en argumentos, en tanto que es imparcial, y no está para convencer a unos u a otros como si lo hacen los abogados en ejercicio.

En este contexto, conocimos una sentencia de 800 páginas en las que nuestra Corte Constitucional se refirió a la Ley Estatutaria de la JEP, siendo, en nuestro criterio, dos aspectos que merecen ser analizados de manera preliminar, dado que han sido los que más debate han generado, siendo necesario, por supuesto, profundizar en todos los aspectos que tan extenso documento aborda.

Inicialmente, el debate se ha circunscrito a la posibilidad de que quienes hayan cometido delitos sexuales dentro del conflicto armado puedan someterse a las denominadas sanciones propias que suponen la imposición de sanciones de entre 5 y 8 años en un centro de reclusión diferente a los establecimientos penitenciarios ordinarios. La imposibilidad de que los delitos sexuales cometidos por cuenta y con ocasión del conflicto armado fuesen de competencia de la JEP, no aparece en los acuerdos celebrados entre el Gobierno Nacional y las FARC, sino que fue introducida por el Congreso de la República cuando refrendó estos acuerdos. La Corte Constitucional, considera que el parlamento asumió una competencia que no le correspondía, al introducir una sanción para estos hechos que no estaba en los Pactos de La Habana o del Colón y es por ello que declara esta excepción contraria a nuestra Constitución.

La Corte Constitucional, considera que el parlamento asumió una competencia que no le correspondía, al introducir una sanción para estos hechos que no estaba en los Pactos de La Habana . Clic para tuitear
En últimas, la Corte Constitucional termina reafirmando lo que muchos habíamos sostenido, y es que el papel del Congreso de la República en lo que tiene que ver con la refrendación de los acuerdos era estrictamente notarial, y que la voluntad de quienes suscribieron estos pactos estaba por encima de los mínimos que como sociedad hemos asumido respecto de la viabilidad de que se otorguen beneficios a quienes cometen agresiones sexuales en contra de menores de edad.
Sin embargo, llama la atención la ambivalencia que asume nuestro Tribunal Constitucional en la misma sentencia, cuando introduce una limitación para la participación política que no estaba contemplada en los ya referidos acuerdos, de manera que, mientras le niega al Parlamento la posibilidad de imponer castigos no pactados en los acuerdos, ella se arroga esta facultad. En efecto, del espíritu y de la redacción de los acuerdos, se entiende que la rehabilitación de los derechos políticos opera para todos los que se sometan a la JEP, ya sea que decidan aceptar la verdad de manera temprana o tardía, como de quienes decidan ser investigados, oídos y vencidos en juicio. Por el contrario, en la sentencia se limitan los derechos políticos para quienes concurran a la JEP y acepten, en la primera oportunidad, su responsabilidad, de manera que en la sentencia se termina imponiendo una sanción, no prevista ni en el acuerdo, ni en la Ley Estatutaria.

Por el contrario, en la sentencia se limitan los derechos políticos para quienes concurran a la JEP y acepten, en la primera oportunidad. Clic para tuitear

En últimas, quienes decidan no contar la verdad en la primera oportunidad, ya sea porque van a hacer un reconocimiento tardío, o porque legítimamente se consideran ajenos a los hechos que se les atribuyen, serán  sancionados por ello, al privarles de la posibilidad de participar en política, asunto que supone, la imposición de una limitación creada por la Corte Constitucional, misma que le negó la posibilidad al Congreso de limitar los beneficios para los violadores de menores de edad.

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