Torpeza parlamentaria

Jorge Mario Pérez Solano

Jorge Pérez Solano
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Jorge Pérez Solano

Cursa en el Congreso de la República, el proyecto de ley No. 315 y 327/20, por el cual se implementa la asistencia y el voto virtual a las sesiones, surtiéndose hasta la fecha, la publicitación de las ponencias y la aprobación en comisiones y plenarias en segundo debate, tanto en Senado como en la Cámara de Representantes desde su radicación el pasado 16/03. 

Sin embargo, no deja de sorprender el curso del trámite de semejante proyecto de ley, que de por sí resultará inconstitucional, por ser objeto de un procedimiento virtual que no está autorizado y/o que no existe en la misma Ley 5 de 1992, y que en efecto, viciaría todo el trámite legislativo que de forma posterior se realice con ocasión a la expedición de normas de cualquier naturaleza, así como la elección de los magistrados de la Corte Constitucional, del Procurador General de la Nación y del Defensor del Pueblo, respectivamente. 

En ese orden, es dable recordar, que las leyes orgánicas contienen temas específicos, que además de regular lo concerniente al procedimiento del reglamento congresional, igualmente prevé los límites al ejercicio de la actividad reglamentaria y legislativa del Presidente de la República, así como el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan general de desarrollo y las relativas a las competencias de las entidades territoriales. 

Asimismo, el texto constitucional, señala que, para efectos de su reunión e instalación, sea para cumplir su función legislativa, judicial, electoral, administrativa y de control político, lo hará por derecho propio, aún dentro de los estados de excepción, sin que el presidente los convocaré para cumplir el mandato constitucional y legal. 

La Corte Constitucional, en precedentes C- 600ª de 1995, C- 446 de 1996, C- 432 de 2000 y C- 093 de 2002, ha mantenido su línea, en que una vulneración o desconocimiento de los procedimientos y principios que en ella se consagran al momento de la expedición de las leyes, puede acarrear la inconstitucionalidad.

Entonces así, verificando en primer lugar las formas en que el legislador ha propuesto modificar su propio reglamento, bajo una virtualidad inexistente, sin hacer presencia en el recinto del Congreso, ya de entrada, incurre en lo que la misma Ley 5/92 no le señala para su reforma, por cuanto para la expedición de las leyes orgánicas, no se exigen presupuestos distintos a lo que la 1rigidez constitucional establece para su aprobación en la participación de la mayorías y las minorías, respetando la disposición del aparato estatal, sin quebrantar su funcionamiento y su organización como un verdadero poder público. 

Asimismo, es indiscutible el 2vicio de competencia, por la violación inminente de la reserva de la ley orgánica, cuando es el mismo congreso que incurre frente a una autorización constitucional de la que carece, excediendo 3la cláusula general de competencia por omisión, por inutilizar las formas en que la constitución y la ley le prevén realizar, desconociendo la atribución que la misma ostenta para su modificación y desarrollo, y que en efecto, ejerce sin importar la condición dentro de una interpretación restringida.  

En idéntico sentido, interpreta erróneamente el Congreso su sentir legislativo de reforma virtual, cuando considera que las leyes orgánicas de reserva legal se equiparan a otras que no tienen reserva legal, inmiscuyendo situaciones ordinarias y especiales de forma conexa frente a la virtualidad que las otras ramas del poder público despliegan sin mayor traumatismo, por cuanto la misma constitución les permite darse su propio reglamento, bajo unas normas estatutarias  ya prestablecidas y dispuestas para desarrollarlas, dentro de un margen de maniobra laxo y flexible como ocurrió con la Ley 806 de 2020. 

No hay que olvidar que la simple violación por vicios de inconstitucionalidad de la reserva legal orgánica, como se desprende del proyecto de ley No. 315 y 327/20, no constituye propiamente un vicio formal, sino que además acarrearía un vicio material que no caduca, afectando el 4principio de la unidad de materia, por estar falto de lógica, de contenido normativo, así como de conexidad interna entre las distintas normas que la integran y desarrollan.

No se entiende como el Congreso en su indispuesta actitud legislativa, se arropa bajo el entendido que el gobierno le propinó un golpe a su ejercicio parlamentario, por cuanto cómo se señaló en artículo anterior, éste fue el que se dio un autogolpe, por no corresponder a su correlativa obligación de rama de poder público, como lo han hecho el resto de las ramas, en asumir sin distingo y evidente compromiso constitucional ante la sociedad como organismo de representación popular, la valiente decisión de legislar con ocasión a la gravedad de los hechos y circunstancias que demandan una reforma inmediata y oportuna para salvaguardar los intereses de un país que no da espera para resolver infinitos problemas estructurales y coyunturales, y donde no existen excusas y mucho menos razones para derivar responsabilidades en el gobierno.

Siendo así, es hora que el gobierno los convoqué sin restricción alguna, ya que, de no hacerlo, correría el riesgo de que los trámites en los cuales desea realizar grandes reformas en esta legislatura que empezó, resulten todo un rosario de pretensiones sin efectos jurídicos una vez sean demandados en acciones de constitucionalidad.

JORGE MARIO PEREZ SOLANO
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Abogado,Especialista En Derecho Administrativo, ha sido asesor y consultor en el sector nacional y territorial socio en Safey & Lawyers SAS - Bogota. Fue columnista en el hoy diario del magdalena, bloguero en kienyke,columnista en seguimiento.co. Samario de nacimiento,Barranquillero y Bogotano por adopción;su domicilio y residencia están en Bogotá y Barranquilla