Tuluá también llora sus muertos Presidente

Robert Posada Rosero

Robert Posada Rosero

Presidente: Quienes vivimos en las regiones no podemos caer en el mismo marasmo, y aún a riesgo de nuestra propia tranquilidad y vida, debemos insistir para que la seguridad sea prioridad y un imperativo nacional. Clic para tuitear

Robert Posada Rosero

El creciente deterioro del orden público, resultado del fortalecimiento de las mal llamadas disidencias, el narcotráfico rampante, la inseguridad ciudadana, el vandalismo, los homicidios, las extorsiones, la corrupción y otras formas de criminalidad presentes en diferentes regiones del país, no dejan dudas que estamos ante el reto más importante del actual gobierno.

Estas problemáticas que se repiten en mayor o menor medida en todo el territorio nacional, obligan a que sean atendidos de manera urgente y en conjunto, siguiendo directrices claras desde el orden central, porque los gobiernos locales han sido desbordados y doblegados por las estructuras del crimen organizado.

Y aunque no se puede negar que la grave crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus debe ocupar la atención prioritaria del gobierno del presidente Iván Duque, lo cierto es que la situación de seguridad volvió a ocupar el primer lugar dentro de las preocupaciones de la ciudadanía, que observa estupefacta como se deteriora a pasos agigantados.

Un panorama oscuro que se agrava con el cada vez más evidente reagrupamiento y rearme de las Farc, el fortalecimiento del ELN y la presencia de narcos mexicanos y otros grupos armados que se disputan a sangre y fuego el control del narcotráfico, así como el terrible flagelo de la extorsión que agobia de nuevo a campesinos, comerciantes y empresarios en el campo y en las zonas urbanas de los municipios.

Las masacres en Nariño, Arauca, Antioquia, Santander, Cauca, Valle del Cauca y otras zonas donde hay fuerte presencia de cultivos y grupos armados, así como el incremento de la criminalidad urbana en ciudades como la propia Bogotá, Cali o Medellín, reclaman un presidente que vuelva a ser el comandante en jefe de las Fuerzas Militares y de Policía, un líder que respeten y a quien le reporten directamente.

Un doloroso ejemplo de la cruenta situación que se vive en el país se presenta en Tuluá, corazón del Valle del Cauca, municipio de 200 mil habitantes que registra en sólo 9 meses de este 2020, 107 muertes violentas, incluyendo el homicidio de una bebé de 45 días de nacida que murió víctima de las balas de los sicarios. Un incremento del 25% con respecto al mismo período de 2019.

Este municipio fue además escenario de la humillante afrenta de hombres del frente Adán Izquierdo de las Farc en armas, quienes sometieron a 20 soldados desarmados e indefensos del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario No. 6, reafirmando que el proceso de paz sólo sirvió, entre otras cosas, para diezmar, desmoralizar y macartizar a las Fuerzas Militares y de Policía.

Asimismo, habitantes de los corregimientos de Barragán y Santa Lucía, en zona rural de Tuluá, denunciaron esta semana que llevan cinco días sin el servicio de energía eléctrica como resultado de una acción terrorista de este grupo rearmado que quemó dos camionetas de la empresa Celsia en el corregimiento de Monteloro, muy cerca del sector donde fueron sometidos los soldados.

Como si el panorama ya no fuera desesperanzador los campesinos y finqueros de la zona indicaron que están siendo víctimas de vacunas y extorsiones, situación que además se está presentando en el casco urbano, dejando una estela de muerte que sólo en los últimos cuatro días, de sábado a martes, sumó seis muertos y tres heridos en ocho hechos sicariales.

De las amenazas de muerte, intimidaciones y extorsiones en la Villa de Céspedes no se libran ni las propias autoridades locales; los concejales del partido Conservador, que son oposición, Cristian Hernández y Jorge Castaño, recibieron amenazas, y la respuesta de la administración municipal fue informar que el secretario de Gobierno, coronel (r) Jorge Gallego Chávez, también estaba en la mira de los criminales. Hágame el bendito favor.

Si una radiografía como la anterior no amerita la reacción del Presidente, el Ministro de Defensa y los altos mandos, entonces es claro que los tulueños y colombianos en general estamos condenados a llorar nuestros muertos sumidos en el dolor, la impotencia y la frustración que genera un país que se desmorona ante la mirada apacible de todas sus autoridades.

Seguramente está realidad no amerite pronunciamientos o fallos de las altas cortes y sus magistrados, tan desconectados del país real por andar en sintonía con el país virtual, ese que desde la comodidad de las redes sociales en Bogotá, alienta el debilitamiento del Ejército, Policía e institucionalidad, mientras los criminales se fortalecen, tanto en el campo jurídico como militar.

Empero, quienes vivimos en las regiones no podemos caer en el mismo marasmo, y aún a riesgo de nuestra propia tranquilidad y vida, debemos insistir para que la seguridad sea prioridad y un imperativo nacional, no podemos volver a estar secuestrados en las ciudades ni aceptar en silencio el regreso de la “época del terror”.

Robert Posada Rosero
Acerca de Robert Posada Rosero 19 Articles
Comunicador Social Periodista, especialista en Derecho Constitucional.