Tuluá y el centro del Valle claman por Seguridad Democrática

Robert Posada Rosero

Robert Posada Rosero
No pueden seguir ignorando a una población donde sus ciudadanos se sienten sitiados por la criminalidad. Clic para tuitear

 

Una creciente sensación de zozobra e intranquilidad se vive en el corazón del Valle del Cauca ante el innegable deterioro de la seguridad, situación que se evidencia en acciones terroristas, secuestros, homicidios, atentados a la infraestructura pública y privada y el creciente fenómeno de la extorsión.

Aunque en la zona rural de Tuluá, Buga, Sevilla y toda la región del centro y norte del departamento era un secreto a voces que criminales que se identifican como compañía Adán Izquierdo, de las Farc en armas, estaban extorsionando, amenazando, desplazando, cometiendo asesinatos selectivos y reclutando, especialmente jóvenes, para sus actividades ilegales, las autoridades guardaban cuestionable silencio sobre estos hechos.

La critica situación se volvió visible en el mes de junio del 2020, por la filtración de una alerta de seguridad (documento interno) en el que la Fiscalía General de la Nación a través del jefe de Sección de Análisis Criminal del Valle del Cauca, conminó al personal del ente investigador a evitar desplazamientos hacia zona rural y sobre las rutas Tuluá – Santa Lucia y Sevilla – Barragán, para mitigar los riesgos por la presencia de guerrilleros en la zona.

Publicado el documento, personas cercanas a la Administración Municipal de Tuluá salieron a decir que el documento era falso, sin embargo, solo tres meses después, violando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, los terroristas atacaron en zona rural de este municipio a 20 soldados desarmados del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario No. 6 e incineraron el vehículo de placas YZU 024 en el que los desminadores se desplazan a ejercer sus labores y les hurtaron otro vehículo de placas YZU 091.

Una semana después campesinos de los corregimientos de Barragán y Santa Lucía denunciaron que llevaban cinco días sin el servicio de energía eléctrica como resultado de una acción terrorista de las Farc en armas, quienes habrían quemado dos vehículos de la empresa Celsia, impidiendo la movilidad de sus empleados en la zona.

Finalmente, los hechos fueron registrados por la Defensoría del Pueblo, entidad que a través de la Alerta Temprana No. 046-20, hizo un enérgico llamado a la entonces ministra del Interior, Alicia Arango, Gobernación del Valle, Fuerzas Militares y de Policía y la Alcaldía de Tuluá, para que atendieran la difícil situación de inseguridad que se registra en el corazón del Valle.

La respuesta fue un Consejo de Seguridad presidido en el mes de enero del presente año por la gobernadora Clara Luz Roldán, reunión de la que a juzgar por la escalada terrorista, no salieron medidas eficientes para contener el deterioro de la seguridad, como lo demuestra la dura realidad, pues envalentonados los antisociales de la Adán Izquierdo accionaron el pasado 14 de marzo un artefacto explosivo en contra de uniformados del Ejército y la Policía que regresaban de una actividad comunitaria en la vereda La Diadema, jurisdicción de la Villa de Céspedes, dejando como saldo un patrullero y tres soldados heridos por esquirlas.

La demencial acción criminal de los hampones acantonados en las estribaciones de la cordillera central en el centro del Valle, por fin obtuvo respuesta del Ejercito Nacional, que en un impecable operativo dio de baja a una guerrillera y capturó a tres subversivos más, entre ellos la compañera sentimental de alias ‘Hugo’ o ‘Camilo’ segundo cabecilla de esta banda de hampones. Según las autoridades la mujer capturada tiene una trayectoria criminal de más de 10 años en las filas de las Farc.

Pero como a estos asesinos solo se le doblega con el peso legítimo de las Fuerzas del Estado, su reacción no se habría hecho esperar y el pasado sábado 20 de marzo llegaron hasta el propio casco urbano de Tuluá, accionando un artefacto explosivo contra el CAI de la Transversal 12, acción que dejó herido a un subintendente y ocasionó la muerte de ‘Monito’, el perrito que permanecía en el lugar.

Cuando aún la comunidad no se reponía de esta última acción criminal ocurrida en la propia ciudad corazón del Valle, se conoció el secuestro el empresario bugueño Jaime Mejía Azcarate, cuya desaparición se reportó el pasado martes en zona rural del municipio de Andalucía, a escaso minutos de Tuluá. Los antisociales incineraron la camioneta en la que se movilizaba el reconocido hombre de negocios vinculado a la Asociación Agroindustrial de la Caña, Asocaña.

Como se puede observar, la situación de orden público parece que se les salió de control hace rato, y ante tantas evidencias ni el alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, ni la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y mucho menos el gobierno del presidente Iván Duque, pueden seguir ignorando a una población donde sus ciudadanos se sienten sitiados por la criminalidad.

Robert Posada Rosero
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Comunicador Social Periodista, especialista en Derecho Constitucional.