¿Vale todo en la lucha contra la corrupción?

Francisco Bernate Ochoa

¿Vale todo en la lucha contra la corrupción?

@fbernate

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Mucho debate se ha generado ante la aprobación del Referendo Anticorrupción aprobado por el Congreso de la República. Lo primero que debo  dejar en claro, es que creo que la lucha contra la corrupción debe estar alejada de tamices políticos y debe ser una causa común de todos los colombianos, por ello, no creo que los cuestionamientos a la misma puedan hacerse desde la polarización o los partidos que la promueven.

Como argumentos en contra, podríamos decir que es un elevado  gasto para unas arcas, como las de los colombianos,  vacías, que crea una serie de reglas que ya existen casi todas entre nosotros, y las que no están establecidas podrían crearse por vías menos onerosas, como un acto legislativo, o una ley de la república. Sin embargo, creo que este refrendo tiene un alto valor simbólico, en tanto que se manifiesta un repudio colectivo en contra de la corrupción, y le deja en claro a nuestros dignatarios que nosotros los colombianos no avalamos este tipo de prácticas, y creo, que en las sociedades actuales el simbolismo juega un altísimo valor, por lo que creo, que el solo mensaje de repudio hacia este flagelo, bien amerita que incurramos en estos gastos.

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Aterrizando al contenido normativo, encontramos algunas disposiciones que consideramos positivas, como aquella que establece la prohibición de reelección indefinida en cargos de elección popular, que permite la renovación de nuestra clase política. Igualmente positiva, resulta la rendición de cuentas obligatoria, que permite un escrutinio a la labor del representante por sus electores, y que sin dudas permite una veeduría a la labor de nuestros dignatarios.

Otras de las normas, son inocuas en tanto que establecen situaciones  que ya existen, como la prohibición de otorgar beneficios a procesados o condenados por corrupción, que fuera ya decretada por la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, sin que ello, claramente haya tenido incidencia en la comisión de este tipo de comportamientos tan repudiables. Lo propio sucede con la extinción de dominio frente a quienes hayan incrementado su patrimonio a través de actos de corrupción, que igualmente está establecido en el sistema jurídico colombiano y que, en tanto que persigue los bienes, y no a las personas puede aplicarse respecto de cualquier testaferro. Ahí, no hay nada nuevo.

Otras, consideramos, pueden tener propósitos plausibles, pero consideramos que no son acordes a nuestra constitución, como la obligación de presentar la declaración de renta para candidatos y funcionarios, en tanto que ello goza de una reserva especial, y en un país como el nuestro, puede poner en peligro la vida y la seguridad no solo del funcionario, sino de sus familiares y allegados.

Y, por último, algunas de las normas representan un verdadero peligro para los derechos de los ciudadanos, y no resultarían aplicables en una democracia como la nuestra, como aquella que tiene que ver con la terminación unilateral de los contratos celebrados por el Estado con personas naturales o jurídicas, sin que haya lugar a indemnización para el contratista ni posibilidad de volver a contratar. Según esta disposición, absurda, el que una persona cometa un acto de corrupción significa, de inmediato, el que deba castigarse a la empresa contratista, cuando lo legítimo es diferenciar la responsabilidad personal de la corporativa, de manera que estas sanciones no pueden ser automáticas, sino el producto de la demostración de un déficit en la organización que fomentó este evento de corrupción.

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 Por supuesto que no nos oponemos, ni a esta consulta, ni mucho menos a que se combata la corrupción por las vías legales, pero no a costa de los derechos de los ciudadanos. 

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